La nueva ley de residuos y suelos contaminados
El pasado 9 de abril, fue publicada en el BOE la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la cual deroga la ley anterior de residuos y suelos contaminados (la ley 22/2011).
Esta nueva ley, alineada con los objetivos del Green Deal europeo, se propone a luchar contra el cambio climático y proteger el medioambiente, cumpliendo también con los hitos fijados en la Unión Europea al trasponer las Directivas 2018/851, de 30 de mayo, y la Directiva 2019/904 de 5 de junio.
Se propone asimismo impulsar la economía circular y bajar el uso de carbono en el territorio nacional, en línea con la Estrategia Española de Economía Circular. También se promovería una reducción de peso en los residuos generados, la limitación en el uso de plásticos y la regulación de obligaciones de los productores y gestores de residuos en tres capítulos.
Esta nueva ley trata de seguir reforzando la aplicación del principio de la jerarquía de residuos, así como el régimen jurídico aplicable a la puesta en el mercado de productos según el impacto en la gestión de sus residuos, el de la prevención, producción y gestión de residuos, y el de los suelos contaminados.
Propone un instrumento de política de residuos, la prevención de la generación de los mismos y el fomento de la reutilización, además de establecer un título para:
- la producción, posesión y gestión de los residuos
- la responsabilidad ampliada del productor
- la reducción del impacto medioambiental de determinados productos de plástico
- las obligaciones de información y registro
- los suelos contaminados
- la responsabilidad, vigilancia, inspección y control y régimen sancionador.
Si bien la nueva norma entró en vigor el 10 de abril de 2022, el paquete de medidas fiscales que introduce no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2023, el cual incluye un nuevo impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos y modificaciones sobre las tasas locales de la gestión de residuos, el canon de utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica y la modificación del régimen de las donaciones de productos en el IVA.
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