Constitución italiana, derecho de la energía y modelos de negocio sostenibles
El 8 de febrero de 2022, la Cámara de Diputados de Italia aprobó una ley constitucional (AC 3156) que modifica la Constitución italiana y eleva el medio ambiente a un valor primario protegido constitucionalmente.
Antes de esta última enmienda, la Constitución italiana no reconocía explícitamente la protección del medio ambiente como un principio fundamental. El texto del artículo 9 anteriormente vigente se limitaba a prever “el fomento del desarrollo de la cultura y la investigación científica y técnica” y “la protección del paisaje y del patrimonio histórico y artístico de la Nación”.
La Corte Constitucional, en ausencia de una referencia explícita al medio ambiente, ha reconocido tradicionalmente la importancia de la protección ambiental al interpretar de manera amplia el artículo 9, junto con el artículo 32 de la Constitución (este último reconoce la protección de la salud como un derecho fundamental del individuo y en el interés de la comunidad).
Dentro de esta evolución interpretativa, en el año 2001 la reforma del Título V de la Constitución italiana, relativo a la división de la potestad legislativa entre el Estado y las Regiones, modificó el artículo 117. En este contexto, se confirió al Estado competencia exclusiva sobre la protección del medio ambiente y el ecosistema, mientras que a las Regiones se les confirió el poder legislativo concurrente sobre la “mejora de los bienes culturales y ambientales”.
Por lo tanto, había llegado el momento de finalizar la priorización constitucional de la protección del medio ambiente y el ecosistema. Con este fin, el Parlamento italiano introdujo enmiendas a los artículos 9 y 41.
La “protección del medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas, incluso en interés de las generaciones futuras”, se incluye en un nuevo párrafo del artículo 9 y, por lo tanto, entre los principios fundamentales de la República Italiana, consagrados en los primeros 12 artículos de la Constitución.
También se ha introducido el principio de “protección de los animales” (por primera vez en la Constitución italiana), a través de la disposición de una reserva de ley estatal que definirá las formas y modos de la protección. Esta enmienda, que responde a una sensibilidad pública cada vez más fuerte, reconoce oficialmente la dignidad de los animales.
Según el nuevo artículo 41, las iniciativas económicas privadas no se llevarán a cabo “de forma que perjudiquen la salud y el medio ambiente”, añadiendo estos dos límites a los ya vigentes: “la seguridad, la libertad y la dignidad humana”. La segunda reforma se refiere al tercer párrafo del artículo 41, reservando a la ley la posibilidad de dirigir y coordinar la actividad económica, tanto pública como privada, con fines no sólo sociales sino ahora también ambientales.
Estas adiciones a la Constitución italiana representan un paso más en la “revolución verde” a nivel europeo y presentan desafíos para las partes interesadas en la implementación de modelos de negocios sostenibles y de las energías renovables: la economía circular, el hidrógeno verde y el almacenamiento energético. Eso redundará en el desarrollo de la actividad de asesoría de los abogados de energías renovables y del sector eléctrico.
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