Alto al Greenwashing en la publicidad, proyecto presentado por la Comisión Europea
ALTO AL GREENWASHING EN LA PUBLICIDAD. EL PROYECTO HA SIDO PRESENTADO POR LA COMISIÓN EUROPEA
Hace poco más de un año, la Comisión Europea presentó un proyecto de ley para regular de forma mucho más estricta la publicidad engañosa de todos los productos en toda Europa. Según la Comisión, esto debería evitarse mediante prohibiciones legales, en particular, de afirmaciones publicitarias “verdes” que no cumplen lo que prometen. Desde el 31 de marzo del año pasado se somete a votación en el Consejo de la Unión Europea una propuesta de la Comisión. El proyecto general ahora se complementa con la propuesta adicional presentada el 22 de marzo de 2023, que prevé regulaciones aún más específicas.
NECESIDAD DE ACCIÓN: TAMBIÉN SOBRE PUBLICIDAD QUE PROMETE DIVERSIDAD
En un estudio encargado especialmente, la Comisión encontró que el llamado “lavado verde” o Greenwashing se difunde casi con virulencia en la publicidad. Los anunciantes en el mercado hicieron afirmaciones contundentes sobre la sostenibilidad de sus productos. Por lo tanto, parece lógico que la Comisión también se oponga a las declaraciones relativas a toda la cadena de producción de un producto. El centro de atención de las prohibiciones previstas también debe ser la prohibición de declaraciones falsas, genéricas y vagas. La atención se centra en las declaraciones sobre sostenibilidad y compatibilidad con el medio ambiente, pero también en la publicidad relacionada con la compatibilidad social de un producto, por ejemplo, promesas de diversidad, inclusión o igualdad de trato, así como declaraciones que prometen ciertos estándares con respecto a las condiciones laborales o comerciales.
Una encuesta confirmó recientemente que los consumidores no pueden clasificar o evaluar comprensiblemente las afirmaciones de sostenibilidad a gran escala. Por lo tanto, definitivamente es necesario actuar para detener el Greenwashing o lavado verde en la publicidad.
OBLIGACIONES DE APORTAR PRUEBAS, REQUISITOS DE INFORMACIÓN, MENOS ETIQUETAS Y PRECINTOS
En el pasado, la Comisión formuló amplias obligaciones para proporcionar pruebas e información, por ejemplo, en el caso del etiquetado de la electricidad, que desde entonces, cada vez más estandarizados, han proporcionado a los consumidores una gran cantidad de información.
La nueva propuesta, que anuncia tres cambios importantes que los Estados miembros deberán implementar poco después de que se haya adoptado la directiva, está tomando un camino similar. El primero se relaciona con la cantidad de justificación requerida para publicitar productos con afirmaciones o comparaciones ambientalmente respetuosas. En el futuro, dicha información solo debería ser posible si puede ser fundamentada, restringida en términos de contenido y verificable científicamente.
El segundo se refiere a la forma en que debe comunicarse dicha información. Esto debería hacerse de manera más clara y transparente. Aquí, la Comisión define los requisitos mínimos para el alcance de la información y también la forma en que esta debe presentarse a los consumidores.
En tercer lugar, el borrador tiene como objetivo reducir significativamente el número de 230 etiquetas y sellos de sostenibilidad actualmente disponibles en el mercado. Estos sellos antiguos y nuevos estarán sujetos en el futuro a los mismos requisitos estrictos que las declaraciones publicitarias. Ya no se crearán nuevos sellos nacionales en el futuro para establecer el sello uniforme de sostenibilidad de la UE como un estándar intersectorial en toda Europa. Después de la aprobación, los sellos privados pueden continuar operando en el mercado, pero deben demostrar un valor agregado ambiental en comparación con el estándar de la UE para poder ser aprobados. Esta aprobación y verificación debe ser verificada por organismos de aprobación acreditados.
El borrador prevé que una agencia estatal revise estos requisitos.
COMISIÓN DE LA UE: AMENAZAS DE SANCIONES
Según la Comisión, las infracciones de estos requisitos se sancionarán con sanciones y medidas severas en el futuro y pueden dar lugar a multas de un máximo del cuatro por ciento de la facturación anual en los estados miembros en cuestión. También es posible sustraer beneficios y ser excluido de licitaciones públicas y subvenciones.
Autor, José Helmuth Pita Thomas Abogado Asociado y Manager de Operaciones de EJI López-Ibor Abogados
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