Comunidades energéticas, almacenamiento energético y fondos next generation
El gobierno español aprobó, el pasado mes de febrero, la estrategia de almacenamiento de energía, apuntando a unos 20 GW de capacidad de almacenamiento en 2030, alcanzando 30 GW para 2050 desde los 8,3 GW actuales.
El almacenamiento que está disponible actualmente en España proviene principalmente de centrales hidroeléctricas de bombeo y de energía solar concentrada, a las que el gobierno quiere añadir baterías a gran escala, baterías detrás del contador – mínimo 400 MW en 2030 – y hacer la mayor parte de la tecnología de vehículo a red.
La estrategia define diez líneas de acción y 66 medidas que abordan los particulares, como la participación del almacenamiento en el sistema energético, la economía circular, las comunidades energéticas y las formas de participación de los ciudadanos, la promoción del hidrógeno renovable, el desarrollo de nuevos modelos de negocio con el objetivo de reciclar y obtener una segunda vida de las baterías, entre otros, según el Ministerio de la Transición Ecológica.
España cuantificó sus necesidades de almacenamiento en línea con los objetivos de descarbonización establecidos en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNEC) 2021-2030, que establece la participación de las energías renovables en el consumo final bruto de energía en un 42% a finales de la década.
Para apoyar financieramente los proyectos de almacenamiento, España tiene la intención de contar con la riqueza de los fondos de la UE, entre ellos, el instrumento de recuperación COVID-19 Next Generation EU, Innovation Fund, Horizonte 2021-2027, así como una variedad de fondos nacionales y posiblemente ganancias de bonos verdes, conforme el texto de la estrategia.
En enero se planteó por parte del Ministerio de Transición Ecológica una expresión de interés para identificar mecanismos para el impulso de comunidades energéticas locales como herramienta de recuperación económica frente al COVID-19. Esta convocatoria se centra en iniciativas que promuevan las comunidades energéticas como nuevos modelos para democratizar la producción energética a través de un sistema organizativo controlado por un conjunto de ciudadanos, pymes o entidades locales.
Las comunidades energéticas sumadas al almacenamiento energético y la hibridación permitirán pasar de un modelo convencional – en el que la ciudadanía, las empresas y los ayuntamientos y entidades locales se limitaban a ser clientes – a un modelo más participativo, basado en energías renovables y abierto a nuevos actores. En definitiva, un modelo democratizado, más flexible, de producción cercana al punto de consumo, generador de actividad económica local y respetuoso con el entorno natural. Las comunidades favorecen el desarrollo del autoconsumo, la eficiencia energética, nuevas fuentes de inversión en la descarbonización, una mejor integración y acompañamiento de las infraestructuras energéticas en el territorio, la reducción de pérdidas por transporte y distribución, el aprovechamiento del espacio urbano para la generación renovable, una mayor concienciación energética y climática en la sociedad y el surgimiento de nuevos modelos de negocio.
De cara a los más que probables Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) – que pueda publicar próximamente el Gobierno, centrados en Comunidades Energéticas y Almacenamiento Energético – es importantísimo que las empresas, comunidades de vecinos y agricultores que puedan crear comunidades agrarias de energía, busquen abogados expertos en comunidades energéticas y almacenamiento que les puedan asesorar de manera precisa para crear sus comunidades energéticas y obtener las ayudas previstas en los fondos Next Generation.
En el bufete de abogados López-Ibor Mayor y Asociados contamos con un equipo especializado de abogados de comunidades energéticas, abogados de almacenamiento energético y abogados de fondos Next Generation dispuestos a ayudarles.
